El acuerdo entre FARC y gobierno colombiano prevé la Jurisdicción Especial para la Paz que ofrece a todos los actores del conflicto perdón a cambio de verdad. ¿También a empresas beneficiarias de desplazamientos?

"En muchos lugares de Colombia, después de los desplazamientos violentos de campesinos, afrocolombianos e indígena,s llegaron empresas a poner grandes plantaciones, a comenzar proyectos mineros”, dice a DW Alexandra Huck, coordinadora de la Kolko, una organización de la sociedad civil alemana que desde el 2003 trabaja desde Berlín por los derechos humanos en Colombia.

"Hay muchos indicios de que sí hay relación entre empresas del sector privado y esa violencia que en muchos casos ha sido efectuada por parte de fuerzas paramilitares. Pero en Colombia el nivel de impunidad supera el 90%”, añade.

La verdad

En este momento en que se ha concluido en La Habana la revisión del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano, para las víctimas del conflicto las esperanzas están puestas en la prevista Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

"El sistema acordado prevé que todos, absolutamente todos los responsables de vulneraciones graves a los derechos humanos deban acudir para contribuir al esclarecimiento de la verdad”, explica a DW, desde Ginebra, Enrique Chimonja, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que trabaja en los territorios afectados por la violencia.

En el Foro Internacional de Derechos Humanos y Empresas, Chimonja resalta la gran posibilidad que tiene en este momento Colombia de sentar precedentes. La búsqueda de la verdad sería, según Chimonja, una piedra angular:

"A pesar de lo dolorosa que pueda resultar, las víctimas lo que están pidiendo es que la verdad sea la garantía de las condiciones de no repetición. No están exigiendo ni reclamando condenas en cárceles convencionales sino que todos los que han participado de la violencia y vulneración de derechos, a cambio de la verdad completa, puedan pasar de ser victimarios a ser parte de la construcción de la paz”.

Así, a la JEP, "deberían acudir las empresas que en este momento están siendo investigadas pues hay serios indicios de que se beneficiaron del conflicto armado o participaron en él”, explica el activista.

Por ejemplo, según testimonios de paramilitares desmovilizados bajo la Ley de Justicia y Paz (2005), empresas bananeras en la región noroccidental de Colombia habrían importado armamento para apoyar el conflicto armado interno y generar la violencia en territorios donde después se implementaron sus negocios.

Cuvaradó y Jiguamiandó serían dos casos emblemáticos.

Efectivamente, "en cuanto a asesinatos y masacres, muchas víctimas han dicho que para ellos es muy importante la verdad: saber lo que pasó, por qué pasó, quién lo hizo, dónde están los cuerpos de los desaparecidos. Luego, en todo lo que tiene que ver con tierras y en lo económico, la verdad aún no arregla el asunto del robo”, agrega por su parte Huck, subrayando el temor de que en cuanto a devolución de tierras muy probablemente no vaya a haber una solución amplia.

"No creo que en ese sentido la JEP vaya a sentar un precedente fuerte. Ante ella se pueden presentar individuos, a través de los cuales se puede conocer cosas que las empresas han hecho. Pero Si quieren aportar a la reparación lo harían con su propiedad no con la de la empresa. Si se lograra que la empresa como tal asumiera responsabilidad y contribuyera a la devolución de bienes robados y reparación de víctimas, eso sería un precedente, pero desafortunadamente no se ve que eso se podría realizar a través de este proceso”, agrega Huck.

Con todo, más allá del esclarecimiento de lo sucedido, "el sector privado podría tener un papel importante en este proceso, permitiendo a los desmovilizados incorporarse al mundo laboral y también aportando a esta paz que requiere de instituciones como la JEP”, opina Huck.

Aconsejando prudencia en cuanto a las expectativas, sí cree importante para la paz colombiana que "se pueda sacar a la luz la verdad sobre las estructuras y dinámicas de estos crímenes y los autores intelectuales detrás de los autores materiales que llegaron a los pueblos para asesinar y desplazar”.